La presencia cada vez mayor de la ciencia en el progreso de las sociedades, desde las grandes decisiones políticas a la vida cotidiana, desde la ciencia básica a las aplicaciones en salud y tecnología, requiere de una atención especial por parte de quienes administran el poder, en todos sus escalones. Gestionar ese potencial, siempre transversal y frecuentemente difuso requiere del planteamiento de una política específica denominada política científica.
A poco que nos sinceremos, deberemos reconocer que lo
desconocemos todo de la política científica. Para empezar, el nombre de esa
joven disciplina: una incómoda traducción de science policy. Respecto de su definición, podemos recurrir a la
wikipedia, y comprobaremos que ni tan solo se ha traducido el artículo que aparecen
la versión inglesa a ninguna lengua
latina.
En síntesis viene a decir que la política científica es un área de la política que se ocupa de la
conducción de la R+D, incluida la financiación de la ciencia, frecuentemente en
cumplimiento de otros objetivos generales que van de la innovación tecnológica
a la asistencia sanitaria y el medio ambiente (toda una demostración de la transversalidad
de la ciencia). Hay, además, una segunda acepción, enormemente interesante:
política científica es la aplicación de los conocimientos científicos y el
consenso en el desarrollo de las políticas públicas. Lo que nos viene a decir,
que hay “otra” manera de hacer política, mediante la aplicación de los
conocimientos científicos. Y es en esa acepción que se abren enormes expectativas
para las organizaciones científicas.
[Que está al alcance de cualquiera lo indica https://en.wikipedia.org/wiki/Science_policy]
