EN NOMBRE DEL PACTO

El Pacto de Estado por la Ciencia ha envejecido desde que en 2004 fue formulado por un grupo de científicos de prestigio y asumido por las organizaciones científicas. Ha envejecido en la indigencia al que lo sometieron los programas de las fuerzas políticas, siendo a continuación totalmente ignorado por los programas de gobierno que se han sucedido durante esta larga década.

Y a pesar de ello, los científicos persiguen un pacto.

Como todo tratado entre partes que se comprometen a cumplir lo estipulado,  el pacto tiende a establecer un statu quo, una posición sólida, asegurada… especialmente para una de las partes.

Hay innumerables borradores y propuestas de pactos entre los políticos y los científicos (siempre a petición de los últimos), pero en todos los que he podido consultar hay un sutil reparto de papeles: un objeto, la ciencia (los científicos) que requiere de un sujeto, la política (los políticos), para asegurar su pervivencia y capacidad de actuación.

Tal vez, en estos doce años, a lomos de la crisis, la ciencia ha alcanzado en este país su “mayoría de edad” y asumido que es el sujeto responsable de su propio futuro. Ha dejado de ser un gasto, una factura que pagar, para convertirse en un actor social y político de primera magnitud. Una prioridad en la inversión pública (y privada) con la que asegurar la prosperidad de toda la sociedad.

Esta transformación de la ciencia como elemento social está pasando desapercibida por una gran parte de los políticos en activo (y por no pocos científicos). Y a pesar de ello no es viable esperar que se produzca su “iluminación”: es urgente plantear una nueva visión del “pacto” que haga viable una transformación política que ya se está produciendo en los países de nuestro entorno.  ¿Deberíamos empezar a hablar de un convenio de colaboración mutua? Porque, ¿alguien puede creer seriamente que las fuerzas políticas pueden plantear programas políticos creíbles a corto, medio y largo plazo sin una significativa contribución científica? Una contribución que necesariamente requiere no solo la ciencia como producto, también como método. Los científicos son los actores sociales idóneos para encaminar y desarrollar adecuadamente las políticas científicas.

Mientras todo esto sucede, puede resultar un ejercicio interesante contrastar los compromisos  que  formula el Pacto de Estado de 2004 (http://www.cosce.org/comunicado040610.htm) con las acciones y propuestas que enuncia el Proyecto DECIDES para dinamizar las políticas científicas actuales y futuras (http://decidesblog.blogspot.com.es/). Ambos documentos han sido elaborados por iniciativa de las organizaciones científicas de este país, y la palpable evolución que se advierte entre ellos viene a corroborar la contrastada capacidad de sintonía social de estas entidades. Una sintonía que puede resultar especialmente oportuna para el reloj de la actual agenda política. No hay tiempo que perder.